Posts Tagged ‘administración electrónica’

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Google apps para el sector público

11/08/2010
Google apps

Google apps

Google ha anunciado una nueva edición de Google Apps, con todas las aplicaciones orientadas a las necesidades del sector público. Esta suite de aplicaciones de tipo cloud computing ha sido certificada y acreditada por la U.S. General Services Administration (certificación FISMA: Federal Information Security Management Act).

Según la compañía, la mayoría de las agencias con las que han trabajado han podido ver que Google les ofrece la menos la misma seguridad (si no mejor) que la que ya tenían, con lo que sus clientes en la administración pueden moverse a la nube con confianza. Ponen el ejemplo del Berkeley Lab, donde los investigadores pueden enviarse correos y documentos de forma sencilla, trabajar con ellos simultáneamente, y todo ellos sabiendo que el contenido permanece seguro en la nube.

Google ofrece en la actualidad unas garantías que hacen muy difícil no plantearse al menos estudiar los beneficios en cuanto a la mejora de la eficiencia y el ahorro de costes que supone utilizar sus productos.

La noticia llega en el momento en que se debate sobre la externalización o no de las TIC en el sector público, y cuando se duda de la posición de Google en cuanto a la neutralidad de la red.

¿Se ahorraría utilizando estas aplicaciones en el sector público? Sí. ¿Se trabajaría de un modo más eficaz? También. ¿Es suficientemente seguro? Completamente. ¿Nos fiamos de Google como proveedor? Deberíamos. ¿Nos gusta que algunos datos utilizados en la administración española se alojen y gestionen en servidores externos probablemente ubicados en EEUU? Pues quizás es lo que habría que debatir o estudiar con Google.

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Coordinación y ahorro en la Administración

16/07/2010

Estructura de Sara

La publicación en el diario Expansión de un artículo en el que se critica la falta de coordinación entre administraciones para compartir recursos informáticos ha provocado una reacción inmediata en los blogs que tratan sobre estas materias. Sostiene Expansión que podrían ahorrarse 1.000 millones de euros centralizando muchos de los servicios que ahora presta cada organismo de forma independiente.

Tanto Montaña Merchan como Andrés Nin han criticado las cifras ofrecidas por el diario económico y su desconocimiento de las medidas coordinadoras y centralizadoras que ya existen para ofrecer servicios de forma unificada (básicamente la red SARA). Tengo que sumarme sin reparos a las críticas a las cifras, que no están detalladas y que parece que parten de extrapolar un ahorro posible en el Reino Unido basándose en un informe (PDF/inglés) que parte a su vez de estimaciones poco fiables. Me sumo también a la crítica por no poner de relieve las medidas que existen en la administración para coordinar sus actuaciones, para distribuir sus servicios más existosos y para ahorrar costes tratando de no duplicar o triplicar esfuerzos (y por tanto dinero) desarrollando varias veces sistemas equivalentes.

Pero tengo que reconocer el valor del artículo en tanto que, independientemente del rigor de las cifras, pone de relieve un problema que existe y que aunque la red SARA trate de mitigar, sigue suponiendo un coste muy importante para las arcas del Estado. Gran parte de este problema no es propio de la organización de los sistemas informáticos, sino de la organización misma de la Administración del Estado, con tres niveles independientes (Administración General del Estado, autonomías y gobiernos locales), apoyados por diputaciones provinciales y organismos anejos.

La coordinación entre administraciones se hace más difícil en general, y en los sistemas en particular. La red SARA ha venido a paliar en parte estos problemas, pero no evita que por tradición, por desconocimiento o por presiones políticas, algunas administraciones u organismos decidan no utilizar lo que se le ofrece y realizar sus propias versiones de aplicaciones o servicios ya probados con éxito.

Expansión también pone de relieve que en la administración española no existee la figura del CIO (Chief Information Officer), que sí tienen en las administraciones británica o estadounidense, a modo de coordinador general de sistemas de toda la administración (reclamaba yo hace meses una cordinacción real a nivel interministerial), y me parece una figura imprescindible pero dificilmente implantable en un país con un modelo de estado con administraciones muy celosas de sus competencias. La unificación de servicios auxiliares como el correo electrónico o las líneas de comunicación podrían formar parte de lo que supondría un buen paquete de medidas destinadas a la mejora de los servicios y al ahorro, tan necesario en el momento actual.

Para ello es necesaria una gran voluntad política de todos los implicados que lleve a aceptar que una coordinación general y central que obligue a todos supondría un enorme ahorro de costes (que yo no me atrevo a cuantificar) y una mejora sustancial de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

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La Administración en las redes sociales

30/06/2010
Redes sociales

Redes sociales

El debate sobre la utilización de las redes sociales va adquiriendo en la sociedad española cierta madurez, y su utilización, cierta complejidad. Desde la popularización del uso de Internet en los distintos ámbitos de nuestras vidas (tanto en lo personal como en lo profesional), son muchos los cambios que se han producido en nuesta forma de vida, y en general estos cambios han sido demasiado rápidos como para saber si hemos escogido algo o es que una avalancha nos ha obligado a seguir el camino marcado.

Leyendo a Félix Serrano en su post “Las Administraciones ante las redes sociales“, me ha interado la diferenciación que hace del empleado público en su trabajo en la administración y el empleado público cuando utiliza las redes sociales. Dice Serrano que las redes sociales son un fenómeno humano y establece unas pautas de conducta que debe seguir el empleado público en su utilización. Pautas, por otra parte, que son del todo razonables.

Pero lo que más me ha llamado la atención es que, aunque habla de ello, no insista en que las redes sociales ya existían antes de Internet. Las redes sociales son las relaciones personales, y los empleados públicos ya las tenían. Si un funcionario de hacienda sentado en un bar ante una cerveza y un pincho de tortilla recomienda a un conocido un modo de realizar su declaración del IRPF, desde luego que no vincula a la administración. Si un empleado público de la dirección general de tráfico opina paseando por un parque sobre el carnet por puntos, no está en ningún caso dando la opinión del organismo, aunque sea su director. Y por supuesto, si un médico de la sanidad pública, jugando un partido de fútbol, revela a un amiguete el estado de salud y el resultado de las pruebas de un paciente, con su nombre y apellidos, está comunicando información confidencial a quien no debe tener conocimiento de ella.

Esto mismo es lo que se trata en las redes sociales, con la diferencia de que generalmente queda constancia de opiniones y discusiones entre unos y otros. Al final, no es más que poner a prueba la prudencia y el sentido común que ya deben tener quienes manejan información que no pueden divulgar y a la vez tienen opiniones que sí pueden compartir. Lo importante es conocer en cada momento en calidad de qué está hablando una persona. Y en las redes sociales, las personas actúan como particulares, y por tanto sus opiniones son suyas y de nadie más.

Las administraciones, por otra parte, pueden y deben tener presencia en Internet, ofreciendo a los ciudadanos datos ricos sobre cómo se gasta su dinero, cómo se invierte, cuáles son los servicios que se le ofrecen y poner estos servicios a su disposición de la forma más cómoda posible. Además, por supuesto, de contar con el ciudadano en un entorno (Internet) donde la interacción es tan sencilla y barata.

Una de esas formas de ofrecer información al ciudadano es hacerlo a través de las redes sociales como administración. Así, un empleado público podrá estar detrás del perfil de la Agencia Tributaria en Facebook y contestar a las dudas de los ciudadanos como empleado público, y por tanto, dando información o recomendaciones que sí vincularían al organismo. La administración es un ente jurídico impersonal, y el empleado público forme parte de ella hacia su interior, y la representa hacia el exterior cuando lo hace en el marco de su trabajo. El portal de la Agencia Tributaria o su perfil de facebook realmente es parte del organismo y por tanto el funcionario que lo gestiona está igualmente detrás de su ventanilla.

Nuevos medios, mismas normas, más agilidad, más transparencia, más eficacia y mayor eficiencia.

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Brainstorming 2.0

03/11/2009
Twitter como fuente de ideas

Twitter puede utilizarse como fuente de ideas

A mediados de octubre se celebró en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de Barcelona la 17ª sessió web con el título “Treballar en xarxa a l’Administració: per on començar?” (Trabajar en red en la Administración: ¿por dónde empezar?). Esta sesión forma parte de unas jornadas organizadas periódicamente por la Generalitat de Catalunya para estudiar las posibilidades que Internet ofrece a la Administración.

En este caso, según leo en la página de Roca Salvatella, se realizó un trabajo previo vía Twitter para recopilar ideas. Un brainstorming 2.0 que generó un amplio debate que pudo completarse en vivo en la propia sesión. De los comentarios y opiniones principales, me gustaría extraer una serie de ideas que creo que reflejan bien el futuro necesario de las TIC en la Administración:

  • Para cambiar la percepción negativa de la administración por parte de los ciudadanos hay que ofrecierles servicios nuevos, sencillos y muy fucionales.
  • Es importante conocer lo que demandan los ciudadanos para poder definir los objetivos. En la administración no se piden proyectos 2.0 sino principalmente mejorar los trámites y procedimientos, hacerlos más sencillos y accesibles desde internet.
  • El horizonte actual de las administraciones es la adaptación a la ley 11/2007. Se está llegando tarde y se buscan soluciones para cubrir el expediente. Es urgente, y no hay mucho tiempo para sentarse a pensar la solución óptima.
  • Si no hay equipos de mantenimiento diferenciados de quienes deben ocuparse de los nuevos proyectos, lo urgente, las incidencias, las mejoras, no dejan tiempo para implementar correctamente nuevas funcionalidades
  • La difusión de las novedades o los servicios en proyecto sí puede hacerse a través de redes sociales, buscando la participación ciudadana en la fase de definición. La gente se siente más próxima si la Administración está presente en sus foros habituales. Por ejemplo, @desdelamoncloa en Twitter
  • Se necesitan servicios ágiles con procedimientos bien definidos, pero no se debe pretender ofrecer un servicio perfecto que no vaya a sufrir modificaciones posteriores más allá de la corrección de incidencias. La política de beta pública es un modo de trabajo que ha resultado eficaz. Se saca una primera versión y se va mejorando en posteriores revisiones, de acuerdo al plan inicial y teniendo en cuenta la opinión o las demandas de los usuarios, en una estrategia de evolución contínua que lleva a prestar un servicio de mayor calidad y más eficaz.
  • En cuanto a la dirección de los proyectos, debe permitirse (parece sencillo, pero no lo es) introducir innovación en la Administración. Y eso se consigue con directores de proyecto con profundo conocimiento de la actualidad del sector de las TIC o con directores que tengan muy en cuenta a sus asesores expertos. No se puede pretender innovar con personas absolutamente desactualizadas sin ganas de implantar productos, servicios o metodologías para ellos desconocidas.
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La coordinación en las administraciones

29/09/2009
Las administraciones deben estar coordinadas

Las administraciones deben estar coordinadas

Uno de los grandes problemas que tiene la Administración Electrónica en España es que cada organismo, casi cada proyecto, pretende empezar de cero en la construcción de un modelo de relación con los ciudadanos, obviando muchas veces los casos de éxito ya conocidos. En ocasiones, directamente, por ignorancia o arrogancia, despreciándolos.

En ese sentido, Rafael Chamorro comenta en una entrevista del Club de innovación que el CTT (Centro de Transferencia Tecnológica) debería ser “un lugar de referencia y consulta antes de iniciar ningún nuevo proyecto en la Administración“, y que debería descartarse cualquier proyecto “que pretenda realizar algo que ya existe en otra administración pública española“.

Algo tan lleno de sentido común podría resultar una obviedad si no fuese porque supone un retrato del día a día en tantos organismos públicos.

Uno de los motivos por los que sucede es por el desconocimiento de la materia por parte del personal funcionario sobre quien recae la responsabilidad de abordar un proyecto de administración electrónica. Es un hecho que los planes de formación (quiero pensar que existen) no están siendo suficientes o no están llegando a la capas directivas de las administraciones. Con ese desconocimiento es natural que se intente empezar de cero cualquier proyecto.

No voy a negar la parte de responsabilidad que tienen las empresas privadas. Las grandes consultoras disponen de productos específicamente diseñados para implantar soluciones de e-Government, tramitación electrónica de documentación, arquitecturas web, productos para firma electrónica, etc., y al iniciar un proyecto en un cliente, intentan vender el kit completo.

Esta mañana hemos podido leer que se ha puesto en marcha una importante iniciativa que puede evitar el sobrecoste, la dificultad de los ciudadanos para acceder a los servicios disponibles y la duplicidad en el desarrollo de los proyectos. Leo en El faro de Vigo que la Xunta de Galicia, las diputaciones provinciales y la Federación gallega de municipios y provincias implantarán un modelo único de administración electrónica.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo declaró: “Hoy emprendemos un ejercicio de corresponsabilidad sin precedentes“. Pasando por alto la grandilocuencia propia de un político presentando una iniciativa, es cierto que la corresponsabilidad debería ser algo que los ciudadanos demandasen a sus instituciones.

En el caso de la Administración General del Estado, creo que la asunción de las responsabilidades del antiguo Ministerio de Administraciones Públicas en este ámbito por parte del Ministerio de Presidencia no ha sido algo que haya ayudado a la coordinación. Creo, en cambio, que es necesario que un ministerio específico (Ciencia y Tecnología, Administraciones Públicas, …) asuma estas funciones. La Presidencia del Gobierno tiene bastantes competencias y corre el riesgo de convertirse en una especie de cajón de sastre.

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Andalucía y Madrid, las mejores en administración electrónica

08/09/2009

Ayer se publicó que la Asociación de Internautas y Adeces han presentado su III ‘Estudio sobre la e-administración autonómica‘ en el que presentan las siguientes conclusiones:

  • La política comercial practicada por los operadores es corresponsable de la mala situación.
  • Solicitan que la banda ancha sea servicio universal y el uso de estándares abiertos
  • Crecen los servicios telemáticos ofertados y más los destinados a los ciudadanos
  • La brecha digital llega a comunidades con solera y dinero que quedan rezagadas
  • La ventanilla única electrónica sigue lejos

El otro día decía yo que los ciudadanos estaban lejos de la administración electrónica, y ahora vemos que la administración electrónica también está lejos de ellos, lo que supone que se han dado la espalda mutuamente y debemos trabajar en orientar ambos.

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Administración electrónica

12/08/2009

La Administración Electrónica es una herramienta de la que disponen las administraciones públicas para mejorar su productividad sustituyendo los procedimientos que se realizan con papel por procedimientos electrónicos. Estos procedimientos pueden ser internos (dentro de la propia administración), relacionar distintas administraciones o corresponder a trámites en los que los ciudadanos o las empresas se relacionan con los distintos  organismos o instituciones.

En este último caso, las ventajas para los usuarios de las administraciones es evidente: acceder a los trámites a través de internet permite elegir el mejor momento para hacerlo, no teniendo que someterse al escaso horario de atención al público, elimina la necesidad de desplazarse físicamente a una oficina y elimina las frecuentes esperas tras largas colas.

Las distintas administraciones del Estado (general, autonómica y en menor medida la local) están trabajando en esta adaptación, aprovechando para repasar y perfeccionar sus procedimientos, tratando de reducir los trámites burocráticos que los ciudadanos deben realizar para acceder a los servicios o pagar sus impuestos. En este sentido, por ejemplo, se procura que sea la propia administración la que recabe toda la información o documentación que ya exista en otras administraciones, de tal forma que únicamente se solicite al ciudadano lo que no sea posible conseguir por otros medios.

En España, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho (art 6.1).

El 31 de diciembre de 2009 es el último día del que dispone la Administración General del Estado para adaptar todos sus procedimientos (Disposición Final tercera. Punto 2), pero no parece que toda la administración esté en disposición de cumplir estos plazos legales.

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