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Coordinación y ahorro en la Administración

16/07/2010

Estructura de Sara

La publicación en el diario Expansión de un artículo en el que se critica la falta de coordinación entre administraciones para compartir recursos informáticos ha provocado una reacción inmediata en los blogs que tratan sobre estas materias. Sostiene Expansión que podrían ahorrarse 1.000 millones de euros centralizando muchos de los servicios que ahora presta cada organismo de forma independiente.

Tanto Montaña Merchan como Andrés Nin han criticado las cifras ofrecidas por el diario económico y su desconocimiento de las medidas coordinadoras y centralizadoras que ya existen para ofrecer servicios de forma unificada (básicamente la red SARA). Tengo que sumarme sin reparos a las críticas a las cifras, que no están detalladas y que parece que parten de extrapolar un ahorro posible en el Reino Unido basándose en un informe (PDF/inglés) que parte a su vez de estimaciones poco fiables. Me sumo también a la crítica por no poner de relieve las medidas que existen en la administración para coordinar sus actuaciones, para distribuir sus servicios más existosos y para ahorrar costes tratando de no duplicar o triplicar esfuerzos (y por tanto dinero) desarrollando varias veces sistemas equivalentes.

Pero tengo que reconocer el valor del artículo en tanto que, independientemente del rigor de las cifras, pone de relieve un problema que existe y que aunque la red SARA trate de mitigar, sigue suponiendo un coste muy importante para las arcas del Estado. Gran parte de este problema no es propio de la organización de los sistemas informáticos, sino de la organización misma de la Administración del Estado, con tres niveles independientes (Administración General del Estado, autonomías y gobiernos locales), apoyados por diputaciones provinciales y organismos anejos.

La coordinación entre administraciones se hace más difícil en general, y en los sistemas en particular. La red SARA ha venido a paliar en parte estos problemas, pero no evita que por tradición, por desconocimiento o por presiones políticas, algunas administraciones u organismos decidan no utilizar lo que se le ofrece y realizar sus propias versiones de aplicaciones o servicios ya probados con éxito.

Expansión también pone de relieve que en la administración española no existee la figura del CIO (Chief Information Officer), que sí tienen en las administraciones británica o estadounidense, a modo de coordinador general de sistemas de toda la administración (reclamaba yo hace meses una cordinacción real a nivel interministerial), y me parece una figura imprescindible pero dificilmente implantable en un país con un modelo de estado con administraciones muy celosas de sus competencias. La unificación de servicios auxiliares como el correo electrónico o las líneas de comunicación podrían formar parte de lo que supondría un buen paquete de medidas destinadas a la mejora de los servicios y al ahorro, tan necesario en el momento actual.

Para ello es necesaria una gran voluntad política de todos los implicados que lleve a aceptar que una coordinación general y central que obligue a todos supondría un enorme ahorro de costes (que yo no me atrevo a cuantificar) y una mejora sustancial de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

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La coordinación en las administraciones

29/09/2009
Las administraciones deben estar coordinadas

Las administraciones deben estar coordinadas

Uno de los grandes problemas que tiene la Administración Electrónica en España es que cada organismo, casi cada proyecto, pretende empezar de cero en la construcción de un modelo de relación con los ciudadanos, obviando muchas veces los casos de éxito ya conocidos. En ocasiones, directamente, por ignorancia o arrogancia, despreciándolos.

En ese sentido, Rafael Chamorro comenta en una entrevista del Club de innovación que el CTT (Centro de Transferencia Tecnológica) debería ser “un lugar de referencia y consulta antes de iniciar ningún nuevo proyecto en la Administración“, y que debería descartarse cualquier proyecto “que pretenda realizar algo que ya existe en otra administración pública española“.

Algo tan lleno de sentido común podría resultar una obviedad si no fuese porque supone un retrato del día a día en tantos organismos públicos.

Uno de los motivos por los que sucede es por el desconocimiento de la materia por parte del personal funcionario sobre quien recae la responsabilidad de abordar un proyecto de administración electrónica. Es un hecho que los planes de formación (quiero pensar que existen) no están siendo suficientes o no están llegando a la capas directivas de las administraciones. Con ese desconocimiento es natural que se intente empezar de cero cualquier proyecto.

No voy a negar la parte de responsabilidad que tienen las empresas privadas. Las grandes consultoras disponen de productos específicamente diseñados para implantar soluciones de e-Government, tramitación electrónica de documentación, arquitecturas web, productos para firma electrónica, etc., y al iniciar un proyecto en un cliente, intentan vender el kit completo.

Esta mañana hemos podido leer que se ha puesto en marcha una importante iniciativa que puede evitar el sobrecoste, la dificultad de los ciudadanos para acceder a los servicios disponibles y la duplicidad en el desarrollo de los proyectos. Leo en El faro de Vigo que la Xunta de Galicia, las diputaciones provinciales y la Federación gallega de municipios y provincias implantarán un modelo único de administración electrónica.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo declaró: “Hoy emprendemos un ejercicio de corresponsabilidad sin precedentes“. Pasando por alto la grandilocuencia propia de un político presentando una iniciativa, es cierto que la corresponsabilidad debería ser algo que los ciudadanos demandasen a sus instituciones.

En el caso de la Administración General del Estado, creo que la asunción de las responsabilidades del antiguo Ministerio de Administraciones Públicas en este ámbito por parte del Ministerio de Presidencia no ha sido algo que haya ayudado a la coordinación. Creo, en cambio, que es necesario que un ministerio específico (Ciencia y Tecnología, Administraciones Públicas, …) asuma estas funciones. La Presidencia del Gobierno tiene bastantes competencias y corre el riesgo de convertirse en una especie de cajón de sastre.