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Coordinación y ahorro en la Administración

16/07/2010

Estructura de Sara

La publicación en el diario Expansión de un artículo en el que se critica la falta de coordinación entre administraciones para compartir recursos informáticos ha provocado una reacción inmediata en los blogs que tratan sobre estas materias. Sostiene Expansión que podrían ahorrarse 1.000 millones de euros centralizando muchos de los servicios que ahora presta cada organismo de forma independiente.

Tanto Montaña Merchan como Andrés Nin han criticado las cifras ofrecidas por el diario económico y su desconocimiento de las medidas coordinadoras y centralizadoras que ya existen para ofrecer servicios de forma unificada (básicamente la red SARA). Tengo que sumarme sin reparos a las críticas a las cifras, que no están detalladas y que parece que parten de extrapolar un ahorro posible en el Reino Unido basándose en un informe (PDF/inglés) que parte a su vez de estimaciones poco fiables. Me sumo también a la crítica por no poner de relieve las medidas que existen en la administración para coordinar sus actuaciones, para distribuir sus servicios más existosos y para ahorrar costes tratando de no duplicar o triplicar esfuerzos (y por tanto dinero) desarrollando varias veces sistemas equivalentes.

Pero tengo que reconocer el valor del artículo en tanto que, independientemente del rigor de las cifras, pone de relieve un problema que existe y que aunque la red SARA trate de mitigar, sigue suponiendo un coste muy importante para las arcas del Estado. Gran parte de este problema no es propio de la organización de los sistemas informáticos, sino de la organización misma de la Administración del Estado, con tres niveles independientes (Administración General del Estado, autonomías y gobiernos locales), apoyados por diputaciones provinciales y organismos anejos.

La coordinación entre administraciones se hace más difícil en general, y en los sistemas en particular. La red SARA ha venido a paliar en parte estos problemas, pero no evita que por tradición, por desconocimiento o por presiones políticas, algunas administraciones u organismos decidan no utilizar lo que se le ofrece y realizar sus propias versiones de aplicaciones o servicios ya probados con éxito.

Expansión también pone de relieve que en la administración española no existee la figura del CIO (Chief Information Officer), que sí tienen en las administraciones británica o estadounidense, a modo de coordinador general de sistemas de toda la administración (reclamaba yo hace meses una cordinacción real a nivel interministerial), y me parece una figura imprescindible pero dificilmente implantable en un país con un modelo de estado con administraciones muy celosas de sus competencias. La unificación de servicios auxiliares como el correo electrónico o las líneas de comunicación podrían formar parte de lo que supondría un buen paquete de medidas destinadas a la mejora de los servicios y al ahorro, tan necesario en el momento actual.

Para ello es necesaria una gran voluntad política de todos los implicados que lleve a aceptar que una coordinación general y central que obligue a todos supondría un enorme ahorro de costes (que yo no me atrevo a cuantificar) y una mejora sustancial de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

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La red SARA

01/09/2009

Ayer hablaba de las reivindicaciones de Hispalinux en favor del Software Libre en la Administración Pública, con las que estaba fundamentalmente de acuerdo, pero una de sus demandas me llamó especialmente la atención.  Dicen que “la red SARA no puede ser de una empresa“.

La red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es una red de comunicaciones del Ministerio de Administraciones Públicas (ahora dependiente del Ministerio de la Presidencia) que interconecta distintas Administraciones Públicas españolas entre sí. A través de ella, los Ministerios, Comunidades Autónomas, ayuntamientos y otros organismos públicos pueden interconectarse también con la red transeuropea TESTA, que interconecta las redes administrativas de los distintos países de la Unión Europea.

Se trata por tanto de una red pública que utilizan las administraciones. Veamos un poco más en detalle sus características:

SARA surge de la obligación que el artículo 43 de la ley 11/2007 establece de crear una red de comunicaciones que interconecte las Administraciones Públicas españolas entre sí y con otras redes europeas, y toma como base la red anterior: Intranet Administrativa (IA).

Técnicamente, cuenta con un ancho de banda de 1Gbps en Ministerios y CPDs, y 100 Mbps en cada Comunidad Autónoma. Tiene una tipología de conexión punto-multipunto, por lo que no existe un nodo central. Está diseñada com tecnología VPLS (Virtual Private LAN Switching), que es la encargada de garantizar la conectividad cualquiera-con-cualquiera.

Estructura de Sara

Estructura de Sara

Sobre esta red las distintas administraciones pueden compartir los servicios que consideren oportunos. Algunos ejemplos de servicios comunes a los que se puede acceder son:

  • Verificación de los datos de identidad y residencia
  • Plataforma de validación de firma electrónica (@firma)
  • Pasarela de pago
  • Videoconferencia

Para ver la importancia de esta red en expansión, pondremos como ejemplo que a ella se conectan las sedes ministeriales, AEAT, TGSS, SPEE, Consejo de Estado, Casa Real, AEPD, Centro de Seguridad Nuclear, Tribunal de Cuentas, FNMT, Banco de España, entre otros muchos organismos.

Siendo una red pública,  desde octubre de 2008 el soporte,  la actualización tecnológica y el sistema de información son responsabilidad de Steria Iberica , quien  se adjudicó en esas fechas el concurso público.

Se puede consultar más información de la red SARA en el CTT y en el CSAE.

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Hispalinux, en favor de una administración electrónica “transparente, independiente y democrática”.

31/08/2009

La asociación de usuarios españoles de Linux, Hispalinux, ha publicado una carta abierta en la que reivindican las máximas garantias para que los ciudadanos puedan acceder a todos los servicios de la administración sin que pueda producirse “una concentración de poder sobre la información pública y una dificultad insuperable de control de las instituciones”.

Al hilo del debate (o de su ausencia) sobre el Real Decreto por el que se regulará el Esquema Nacional de Interoperabilidad, la asociación señala sus conclusiones tras el estudio del proyecto del texto legislativo:

  • Un planteamiento general que no conduce a la interoperabilidad
  • El Real Decreto consolida los estándares privados
  • ¿El artículo 11.2 al servicio de una empresa?
  • Necesidad de instar y desarrollar estándares abiertos
  • Necesidad de dar prevalencia a los estándares y formatos abiertos.
  • La RED SARA no puede ser de una empresa y carecer de regulación básica
  • Inexistencia de un órgano de control de la interoperabilidad

Hispalinux lleva tiempo promocionando el software libre en la administración, y esta carta abierta solo es un paso más en su cruzada por derrotar a los estándares y formatos privados.

En ese sentido, y máxime en tiempos de crisis, no parece razonable que a la administración le suponga un gasto millonario utilizar paquetes ofimáticos, sistemas operativos y sotware de todo tipo en cada uno de los cientos de miles de equipos informáticos que utilizan los funcionarios, existiendo alternativas libres perfectamente válidas para todas esas funciones.

Solamente la oficina del Defensor del Pueblo ha gastado recientemente 85.000 euros en licencias de Windows y Office.

Por otra parte, también debe evitarse ofrecer al ciudadano documentación en estos formatos propietarios que en teoría le obligarían a pagar una licencia por la utilización de un producto, pero que en la práctica supone la perpetuación de la piratería en España.

PD y Offtopic: La Diputación provincial de Lugo ha puesto en marcha un plan (Innova-Te) para implantar la administración electrónica en los ayuntamientos de la provincia. Este tipo de iniciativas son imprescindibles para acercar la administración a los ciudadanos, y resultan especialmente importantes en lugares como Galicia, donde la dispersión de la población dificulta en muchas ocasiones el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.